Cuando todo parece ir mal no hay que perder la esperanza; todavía se puede empeorar. Esta parece ser la máxima del Ministro de Cultura, D. César Antonio Molina.

A pesar de los esfuerzos del resto del gobierno por plantear iniciativas que pongan las bases para acelerar la superación de la crisis, el Sr. Molina se empeña en tratar de limitar, cercenar y criminalizar el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a la cultura y de aprovechar los avances científicos y tecnológicos para la mejora de su calidad de vida. El Sr. ministro contribuye con ello a mermar nuestra competitividad y menoscabar nuestra capacidad de innovación porque no se da cuenta de lo importante que es difundir el conocimiento en condiciones de libertad para potenciar la creación de nuevos descubrimientos y así aprovechar la capacidad de la sociedad de incorporar esos avances a su actividad productiva.

La estrategia del Ministro ha pasado por tratar de adoctrinar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir de oficio, no delitos, sino supuestos ilícitos civiles como los intercambios de archivos a través de Internet [1]. Tal dispendio del erario público incrementa el déficit y no está justificado, más cuando la propia fiscalía ha advertido que “no ha lugar” [2].

Ha iniciado también una campaña en los colegios para aleccionar a los niños con que las ideas pueden tener dueño y que no es positivo compartirlas. Se trata de un hecho grave donde los haya puesto q ue, además de ser falso, se trata de un atentado flagrante a los mismisimos principios de la ética que pagaremos muy caro en el futuro [3].

Después fue establecer un impuesto a favor y recaudado por entidades privadas, las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, y que este sea gestionado por ellas mismas. Esto es una figura legal regulada en nuestro ordenamiento jurídico llamada “desviación de poder” dado que es un acto aparentemente ajustado a la legalidad pero que en el fondo persigue un fin distinto al interés público. Lo grave es que este canon implica un fuerte gasto en las empresas por un concepto que no usan ni pueden usar “la copia privada” [4].

Luego ha intentado promover un cambio legislativo que permita la conculcación de derechos fundamentales en favor de que modelos de negocio obsoletos permanezcan vivos artificialmente [5]. Para ello ha creado una campaña de intoxicación, SiEresLegalEresLegal.com, con información sesgada o directamente falsa que espera que mitigue el cabreo generalizado de la sociedad con esta postura y que le permita luego tener el apoyo político para criminalizar el intercambio de archivos en Internet [6].

Y ahora, para completar el despropósito, trata de que auspiciar un acuerdo entre las operadoras de telecomunicaciones, los proveedores de contenidos y las entidades de gestión colectiva de
derechos de autor que permita desconectar a los ciudadanos del acceso a Internet si estos intercambian archivos, cuando en realidad debería ser el garante de que no se produzcan acuerdos privados que cercenen los derechos de los ciudadanos o que limiten nuestra capacidad de crecimiento como pais.

Desde luego esta actitud no va a ser muy bien valorada por los votantes en las tres próximas citas electorales en las que su partido tanto se juega. Un ministerio de cultura que pretenda estimular la producción intelectual, con el fin de que sea aprovechada por toda la sociedad en
aras del bien común, debe promover medidas como:

• Que los derechos de autor puedan ser autogestionados o delegados.Siendo el autor libre de hacerlo por si mismo o de elegir la entidad que quiere que le represente.
• Que la recaudación y gestión de compensaciones por cesión de derechos y la gestión colectiva obligatoria de derechos de autor se realice desde el ámbito público con total transparencia; porque la cultura es de todos,a todos atañe y todos somos resposables de su cuidado.
• Que no necesite autorización del autor los actos de reproducción, transformación o difusión de obras científicas o técnicas ya divulgados cuando se realicen con fines docentes, educativos o de investigación científica en el ámbito público, siempre que se incluya el nombre del autor y el resto de derechos morales. La transformación debería ser realizada utilizando la cesión en cadena para evitar una apropiación indebida. Porque todos los ciudadanos sufragamos solidariamente con nuestros impuestos la educación y formación de nuestros técnicos y científicos y las infraestructuras necesarias para ello. No cabe pues que tengan “derechos exclusivos” sobre “su” obra, más cuando esta está basada en la aportación de toda la humanidad a lo largo de toda la historia.
• Que los derechos de autor sobre cualquier tipo de obra de los que las instituciones públicas sean derecho habientes sean a todos los efectos derechos demaniales. Esto es, del dominio público y que el Estado sea responsable de su protección […] es algo tan obvio que ni siquiera debería tener que explicarse.
• Que exista distinción de la protección de las obras intelectuales en función de:
  • Su utilidad para la sociedad (no afecta lo mismo a la calidad de vida impedir el acceso al arte, la música o la literatura que a la ciencia, la tecnología o conocimiento en general).
  • Su originalidad (en las obras artísticas se busca la originalidad sin embargo en la ciencia y la tecnología es más valiosa la utilidad, la eficacia y la eficiencia).
  • La reutilización de obra anterior (no se deben establecer derechos exclusivos y excluyentes sobre lo que hemos construido entre todos a lo largo de la historia: la ciencia y la tecnología. En estos campos se debe primar a quien pone sus avances a disposición de todos no al que lo restringe).

En todo caso si el Sr. Molina no está por esta labor lo mejor es que el Sr. Rodriguez Zapatero incluya una nueva medida en el Plan E: Un Expediente de Regulación de Empleo para el Sr. Molina, Ministro de Cultura. Quizá acabe por entender que el conocimiento científico y técnico es demasiado importante para la sociedad como para ser restringido atendiendo intereses particulares o a los de un sector. Sea este el que sea.

Referencias:

1. El País: Buenas prácticas, mejores deseos.
2. Fiscal.es: Circular 201-2006.
3. MCU.es: Nota de prensa.
4. Internautas.org: Copia privada, descarga de archivos, canon… y otras dudas legales..
5. Congreso.es: BOCG D-95.
6. El País: Comparte.

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